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A 78 días de que fuera detenido el contralor subrogante, Pablo Celi, la Asamblea busca allanar el camino para que el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) pueda designar a una nueva autoridad.

Después de que el funcionario se negara a renunciar, ayer, 29 de junio del 2021, en la Legislatura tomó impulso un juicio político para la posible destitución. Celi enfrenta un proceso por supuesta delincuencia organizada.

 

La Comisión de Fiscalización decidió priorizar el caso del Contralor, tras determinar que precluyeron los plazos para un pedido de interpelación que había arrancado la anterior Legislatura contra el exministro de Energía, René Ortiz, el 12 de mayo, en la víspera de terminar su mandato.

La Comisión recomendó el archivo del proceso contra Ortiz por improcedente, a pesar de que cinco días antes el Pleno había dispuesto a la mesa sustanciar esta causa y, además, nombrar nuevos interpelantes, algo inédito en los pedidos de interpelación.

La decisión se tomó entre reparos de la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (Creo), al señalar que primero debía tramitarse el caso de Ortiz.

El asambleísta Pedro Velasco, quien forma parte del Bloque del Acuerdo Nacional (BAN), presentó la moción que fue aprobada por unanimidad, y hasta entre aplausos en la sala, conforme a un informe jurídico elaborado por los asesores de los legisladores.

La resolución del expediente de Ortiz era el paso previo que debía cumplirse para tramitar el caso de Celi porque la Ley Legislativa impide a la Comisión procesar más de un juicio político a la vez.

Al cierre de esta edición, la mesa parlamentaria tenía previsto avocar conocimiento del pedido de interpelación contra Celi, a quien el legislador del correísmo Cristóbal Lloret lo acusa de arrogación de funciones, principalmente.

La directora del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, explicó que la norma no permite ni la designación de nuevos interpelantes ni modificar los plazos para estos trámites como resolvió el Pleno.

Antes de esta decisión, y en respuesta a una ola de críticas por una aparente intención de dilatar el caso de Celi, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), había anunciado que convocará al Pleno para tratar como único punto del orden del día “la grave situación institucional que enfrenta la Contraloría”.

Además, Llori llamó al Cpccs a que, mientras se desarrollan los juicios políticos en la Asamblea, el Cpccs nombre a un Contralor encargado, hasta que se designe a un titular, considerado que ese organismo tiene exclusiva competencia para designar autoridades.

David Rosero, vicepresidente del Cpccs, sostuvo que “sería fundamental” que el Pleno de la Asamblea se pronuncie y se agilite el juicio político.

Señaló que el organismo prevé concluir esta semana con la elaboración del reglamento para arrancar el concurso para designar a una nueva autoridad, aunque dijo que esto también estará supeditado a la entrega de recursos por parte del Gobierno Nacional.

¿Puede arrancar el concurso pese a que Celi sigue como autoridad? “Podemos arrancar porque el proceso dura varios meses, entonces independientemente de lo que pase, de la renuncia o del juicio político, nosotros tenemos que reemplazar a la autoridad”, dijo.

El consejero recordó que a Celi el Cpccs-transitorio lo “blindó” en el cargo hasta marzo de 2022, sin una evaluación o un concurso de méritos.

“Nosotros, al iniciar el proceso, obviamente, el reemplazo del titular deberá ocurrir cuando concluya el mandato (de Celi)”, señaló al indicar que el concurso tomaría un plazo mínimo de seis meses.

Rosero también señaló que el organismo evalúa salidas jurídicas para designar un encargado de la Contraloría, en las que se contempla requerir a la Corte Constitucional un informe de seguimiento al dictamen constitucional 2019 que blindó las decisiones del transitorio, o incluso declarar el abandono del cargo.

Eso, a pesar de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que el 28 de mayo pasado señaló que el Cpccs no puede designar un contralor subrogante. Tras la renuncia de Valentina Zárate, el puesto lo ocupa Carlos Riofrío, director nacional de auditoría en salud de la entidad.

Fuente: El Comercio